Según Degregori, entre 1980 y 1990 en Perú se desata un periodo de violencia. El conflicto armado interno vivido ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda nuestra historia republicana.
La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano.
La violencia armada en contra de la población civil la inicia el principal grupo subversivo, el PCP-SL, utilizando de manera sistemática y masiva métodos de extrema violencia y terror sin guardar respeto a normas básicas sobre la guerra y los derechos humanos. Por otro lado, dicha violencia subversiva estuvo dirigida contra los representantes y partidarios del antiguo orden en las áreas iniciales del conflicto armado por lo que la mayor parte de víctimas de las acciones senderistas estuvieron entre campesinos o pequeñas autoridades locales y no entre miembros de las elites políticas o económicas del país.
Degregori precisa, “Las violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado durante el conflicto habían sido el COSTO necesario que el país tuvo que PAGAR para acabar con la violencia subversiva desatada en 1980 por Sendero Luminoso y el MRTA fue el mensaje que propalaron voceros del régimen y muchos líderes de opinión”
Se creía que la única forma que había para solucionar todo tipo de problemas era la Formula de la “Mano Dura”, violando deliberadamente a los derechos de la vida y a la no discriminación, sin embargo, las contradicciones entre el discurso de mano dura y realidad se mostraron más de una vez.
Sin embargo, en las áreas de conflicto hubo hostigamiento a la prensa y hasta asesinatos de periodistas. Por su parte, las organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron numerosas denuncias específicas y acopiaron información sobre la guerra interna.
El autor precisa, “Las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado durante el conflicto habían sido el costo necesario que el país tuvo que pagar para acabar con la violencia subversiva desatada en 1980 por el Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso (PCP-SL) y por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (RMTA).
Asimismo, señala que en la coyuntura de la crisis del fujimorismo, el reclamo contra las violaciones a los derechos humanos logró incorporarse al paquete de demandas antiautoritarias. Por lo tanto, lo que existió en Perú no fue una transición pactada sino un colapso del régimen autoritario.
En Perú los guardianes del olvido se baten en retirada, fugan del país o caen en prisión. Finalmente, las transiciones, por lo menos en sus inicios, son coyunturas sumamente fluidas, en las que se amplían las posibilidades para la agencia o voluntad política, se agrietan las historias oficiales y se abren resquicios por donde irrumpen otras memorias y otras lecturas del pasado.
El autor apoya la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ya que trabaja bajo el contexto de proteger los derechos de la persona. El trabajo y el informe final de la CVR han revelado tanto la reticencia a escuchar “mensajes ligados a los horrores del pasado” como también la configuración de espacios de dialogo anteriormente inexistentes.
El autor enfatiza el derecho a la igualdad, si analizamos el conflicto peruano como parte de un proceso en el que las acciones de violencia transcurrieron a lo largo de varios años, con incrementos graduales de intensidad y extensión geográfica, identificaremos que los más afectados fueron las personas que radicaban en zonas marginales al poder político y económico. Los campesinos e indígenas son símbolos por excelencia de las víctimas durante esta etapa de violencia social.
En las principales provincias de nuestro país como Ayacucho, Apurímac, entre otras una vez controlada la amenaza subversiva armada, las poblaciones quedaron bajo control militar por extensos períodos, la pregunta es ¿En ese momento dónde estaban nuestras autoridades?
El Perú no había sufrido conflictos armados internos significativos antes de 1980. Los momentos de mayor agitación política y convulsión social con estallidos de violencia armada duraron poco tiempo, y tuvieron un carácter local antes que nacional, es así que, no registraron un gran número de muertes o desapariciones forzadas.
En nuestra nación un rasgo que la caracteriza es la falta de integración nacional, expresada en la gran fragmentación de sus espacios regionales y la falta de reconocimiento cabal de la diversidad étnica de sus habitantes. De ahí parte la tendencia a marginar a los sectores de menos recursos, a las zonas rurales indígenas y la imposición de patrones culturales occidentales.
Por ello se deduce que la violación de los Derechos Humanos fue tomada como un tema secundario para las agendas pública y privada del país por varios años.
La imagen que marca la década de los 90´ es la violación de los Derechos Humanos por parte del Estado y las Fuerzas Armadas, la sangre derramada por nuestros compatriotas y por todos aquellos que no tenían indicio de culpa para morir como murieron.
Asimismo, en 1991 más de la mitad de la población peruana vivía bajo el estado de emergencia. Ese mismo año se da una ofensiva del MRTA en diversas zonas del país, dando una imagen de recomposición luego de la fuga del túnel.
A inicios de los 90´ el asesinato de María Elena Moyano por parte de Sendero representó una situación límite por el grado de crueldad de SL y la fragilidad de las organizaciones populares que se le enfrentaba. Sendero aceleró su ofensiva sobre la capital, mientras calculaba la posibilidad de una intervención norteamericana que desatase una guerra de liberación nacional en el país mediante atentados terroristas con coches bomba en Lima.
No obstante, el escenario posterior a la captura de Abimael Guzmán y otros importantes dirigentes estuvo marcado por la derrota de Sendero Luminoso, iniciada tres años antes cuando fue expulsado de varias de sus zonas de tradicional influencia por la acción de las fuerzas del orden y los comités de autodefensa.
“Los peruanos vivieron en la boca del lobo”, un ciclo de adhesión a las fuerzas subversivas, formación de comités populares, conflicto y formación de Comités de Autodefensa. La derrota de las fuerzas subversivas se repitió en estos espacios.
Fujimori mantuvo una estrecha relación con las fuerzas Armadas. Aunque criticados por su indiferencia hacia los derechos y civiles durante las operaciones contrainsurgentes, los militares surgieron con mayor fuerza después de su éxito contra Sendero Luminoso.
En el periodo de los 90´ los peruanos no podían transitar tranquilos por las calles, el miedo a saqueos, asesinatos, violación y otras formas de violencia física o psicológica se esparcían por doquier, atentando contra la convivencia pacífica de la nación.
En las áreas rurales pobres de la sierra, caracterizadas por su baja densidad poblacional, asentamiento disperso y malas comunicaciones, la presencia subversiva buscó dominar territorios, vaciarlos de toda autoridad estatal y construir un nuevo poder.
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